POLITICA
16/10/2025
Uruguay aprueba la ley de “Muerte Digna” después de debate de más de diez horas.
Por Tomas Peralta A
En una sesión histórica que se extendió durante más de diez horas de debate, el Senado de Uruguay sancionó este 15 de octubre de 2025 la ley conocida como “Muerte Digna”, que legaliza la eutanasia. La votación terminó con 20 senadores a favor y 11 en contra de un total de 31.
El proyecto, impulsado por el Frente Amplio y apoyado también por algunos legisladores de los partidos Nacional y Colorado, fija que podrán acceder al derecho quienes sean mayores de edad, tengan capacidad psíquica plena, enfrenten una enfermedad incurable e irreversible o padecimientos que causen “sufrimientos insoportables”. Además, ciudadanos naturalizados, residentes y extranjeros con residencia habitual acreditada podrán acogerse a la normativa.
El procedimiento exige que la solicitud sea escrita, que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales y que solicite personalmente ante médico tratante. También se contempla que si hay desacuerdo o dudas, se realice una evaluación médica independiente o se recurra a una comisión de revisión. La nueva ley no incluye límites temporales de expectativa de vida, algo que la diferencia de otras normas similares en el mundo.
Voces políticas reaccionaron divididas. Legisladores oficialistas y algunos de oposición celebraron la ley como un paso hacia la dignidad, el respeto al sufrimiento humano y la autonomía individual. Por otro lado, quienes se oponen expresaron preocupación por la posible vulnerabilidad de personas mayores, enfermas mentales o de bajos recursos, pidiendo garantías adicionales.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días, y se creará una Comisión Honoraria de Revisión para supervisar los procedimientos. Uruguay ahora se suma a Colombia y Ecuador, pero lo hace siendo el primer país latinoamericano donde la eutanasia ha sido legalizada por ley aprobada por el parlamento, no solo por decisiones judiciales.
El proyecto, impulsado por el Frente Amplio y apoyado también por algunos legisladores de los partidos Nacional y Colorado, fija que podrán acceder al derecho quienes sean mayores de edad, tengan capacidad psíquica plena, enfrenten una enfermedad incurable e irreversible o padecimientos que causen “sufrimientos insoportables”. Además, ciudadanos naturalizados, residentes y extranjeros con residencia habitual acreditada podrán acogerse a la normativa.
El procedimiento exige que la solicitud sea escrita, que el paciente esté en pleno uso de sus facultades mentales y que solicite personalmente ante médico tratante. También se contempla que si hay desacuerdo o dudas, se realice una evaluación médica independiente o se recurra a una comisión de revisión. La nueva ley no incluye límites temporales de expectativa de vida, algo que la diferencia de otras normas similares en el mundo.
Voces políticas reaccionaron divididas. Legisladores oficialistas y algunos de oposición celebraron la ley como un paso hacia la dignidad, el respeto al sufrimiento humano y la autonomía individual. Por otro lado, quienes se oponen expresaron preocupación por la posible vulnerabilidad de personas mayores, enfermas mentales o de bajos recursos, pidiendo garantías adicionales.
El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo que no exceda los 180 días, y se creará una Comisión Honoraria de Revisión para supervisar los procedimientos. Uruguay ahora se suma a Colombia y Ecuador, pero lo hace siendo el primer país latinoamericano donde la eutanasia ha sido legalizada por ley aprobada por el parlamento, no solo por decisiones judiciales.
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