INTERES GENERAL
08/10/2025
Protestas en Ecuador escaladan tras eliminación del subsidio al diésel
Por Juana Merino
Quito — Desde mediados de septiembre, Ecuador vive una crisis social marcada por protestas generalizadas tras la eliminación del subsidio al diésel. La medida, adoptada por el gobierno del presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre, elevó el costo del diésel automotriz de 1,80 a 2,80 dólares por galón, una reforma que según las autoridades busca aliviar la carga fiscal de unos 1.100 millones de dólares anuales.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera los reclamos, denunciando que los más afectados son los sectores rurales, agrícolas y el transporte pesado, que dependen fuertemente del diésel. Las protestas han incluido bloqueos de rutas en provincias como Imbabura, Carchi, Azuay, Tungurahua y Pichincha, además de enfrentamientos con la policía y detenciones.
En respuesta, el presidente Noboa declaró estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país, suspendiendo la libertad de reunión en esas zonas, buscando contener el orden público.
El gobierno también ha activado medidas compensatorias: ha entregado incentivos económicos e insumos, especialmente en las provincias donde las protestas se han concentrado más, a transportistas y agricultores. Según datos oficiales con corte al 2 de octubre, de los aproximadamente USD 14,5 millones destinados como compensaciones, más del 45 % se ha entregado en ocho provincias con mayor conflictividad.
A pesar de estas medidas, Noboa ha sostenido que no revertirá la eliminación del subsidio. Argumenta que era necesario para mejorar la sostenibilidad fiscal del país, que el subsidio beneficiaba en parte a quienes no lo necesitaban, y que mantenerlo representaba una carga presupuestaria insostenible.
Hasta ahora, las protestas han dejado un balance grave en algunos territorios: más de 80 heridos, al menos un manifestante muerto, y decenas de detenidos. Además, organizaciones de derechos humanos han denunciado vulneraciones durante operativos policiales.
El pulso entre el gobierno y los manifestantes indígenas en Ecuador subraya un conflicto clásico: la necesidad de ajustes fiscales frente a la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables. Con transporte, agricultura y comunidades rurales afectados, la presión social puede aumentar si no surge un diálogo creíble. Para Noboa, la reforma es un paso necesario, pero también riesgoso: mantenerla sin consensos podría generar un desgaste político importante.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) lidera los reclamos, denunciando que los más afectados son los sectores rurales, agrícolas y el transporte pesado, que dependen fuertemente del diésel. Las protestas han incluido bloqueos de rutas en provincias como Imbabura, Carchi, Azuay, Tungurahua y Pichincha, además de enfrentamientos con la policía y detenciones.
En respuesta, el presidente Noboa declaró estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país, suspendiendo la libertad de reunión en esas zonas, buscando contener el orden público.
El gobierno también ha activado medidas compensatorias: ha entregado incentivos económicos e insumos, especialmente en las provincias donde las protestas se han concentrado más, a transportistas y agricultores. Según datos oficiales con corte al 2 de octubre, de los aproximadamente USD 14,5 millones destinados como compensaciones, más del 45 % se ha entregado en ocho provincias con mayor conflictividad.
A pesar de estas medidas, Noboa ha sostenido que no revertirá la eliminación del subsidio. Argumenta que era necesario para mejorar la sostenibilidad fiscal del país, que el subsidio beneficiaba en parte a quienes no lo necesitaban, y que mantenerlo representaba una carga presupuestaria insostenible.
Hasta ahora, las protestas han dejado un balance grave en algunos territorios: más de 80 heridos, al menos un manifestante muerto, y decenas de detenidos. Además, organizaciones de derechos humanos han denunciado vulneraciones durante operativos policiales.
El pulso entre el gobierno y los manifestantes indígenas en Ecuador subraya un conflicto clásico: la necesidad de ajustes fiscales frente a la urgencia de proteger a los sectores más vulnerables. Con transporte, agricultura y comunidades rurales afectados, la presión social puede aumentar si no surge un diálogo creíble. Para Noboa, la reforma es un paso necesario, pero también riesgoso: mantenerla sin consensos podría generar un desgaste político importante.
Fuentes: Reuters, Emol, Euronews.
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