POLITICA
10/12/2025
Polémica en la Legislatura: Proponen crear la Procuración Penitenciaria con sueldos millonarios
Por Jose Manuel Ferrero
Un controvertido proyecto ingresó esta semana a la Legislatura de Córdoba de la mano del bloque peronista, desatando una fuerte polémica entre la oposición. Se trata de la propuesta de crear la Procuración Penitenciaria Provincial, un nuevo organismo que dependerá del Poder Judicial y cuya función principal será la de supervisar e inspeccionar todos los lugares de detención en la provincia.
La iniciativa ya ha pasado por comisión y generó un inmediato rechazo de la oposición, que apunta principalmente al alto costo y la abultada estructura de cargos que plantea.
Según el texto del proyecto, exhibido por el periodista Roberto Battaglino en Arriba Córdoba, el organismo estará encabezado por un Procurador con cargo vitalicio y un sueldo equiparado al de un vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además de un régimen jubilatorio especial.
La estructura se completa con cuatro Procuradores Adjuntos, secretarios y personal administrativo. La controversia se intensifica al conocerse que, a pesar de esta gran estructura, el organismo tendrá carácter meramente consultivo, sin facultades resolutivas ni legitimación procesal activa.
Uno de los puntos que más encendió la alarma es el impacto económico. Battaglino reveló que la puesta en marcha de la Procuración implicaría un costo significativo, ya que se estima que cada uno de los cinco cargos principales (el Procurador y los cuatro adjuntos) percibiría un salario mensual que oscilaría entre 10 y 15 millones de pesos.
Los miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
Entre las funciones principales del nuevo ente se incluyen las inspecciones a cárceles y comisarías, la elaboración de recomendaciones y requerimientos formales, y la facultad de solicitar medidas urgentes ante la existencia de vulneraciones de derechos. La normativa garantiza además la inviolabilidad de las comunicaciones entre el organismo y las personas privadas de libertad.
Desde el oficialismo, se justifica la creación argumentando la necesidad de adecuar la provincia a normativas nacionales y tratados internacionales que exigen la existencia de mecanismos locales de prevención de la tortura, especialmente ante el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales.
El proyecto será llevado al recinto este jueves, en una sesión que anticipa un duro debate político y económico sobre el control institucional del sistema penitenciario y el financiamiento de nuevas estructuras estatales en medio de un contexto de ajustes.
La iniciativa ya ha pasado por comisión y generó un inmediato rechazo de la oposición, que apunta principalmente al alto costo y la abultada estructura de cargos que plantea.
Según el texto del proyecto, exhibido por el periodista Roberto Battaglino en Arriba Córdoba, el organismo estará encabezado por un Procurador con cargo vitalicio y un sueldo equiparado al de un vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), además de un régimen jubilatorio especial.
La estructura se completa con cuatro Procuradores Adjuntos, secretarios y personal administrativo. La controversia se intensifica al conocerse que, a pesar de esta gran estructura, el organismo tendrá carácter meramente consultivo, sin facultades resolutivas ni legitimación procesal activa.
Uno de los puntos que más encendió la alarma es el impacto económico. Battaglino reveló que la puesta en marcha de la Procuración implicaría un costo significativo, ya que se estima que cada uno de los cinco cargos principales (el Procurador y los cuatro adjuntos) percibiría un salario mensual que oscilaría entre 10 y 15 millones de pesos.
Los miembros serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura.
Entre las funciones principales del nuevo ente se incluyen las inspecciones a cárceles y comisarías, la elaboración de recomendaciones y requerimientos formales, y la facultad de solicitar medidas urgentes ante la existencia de vulneraciones de derechos. La normativa garantiza además la inviolabilidad de las comunicaciones entre el organismo y las personas privadas de libertad.
Desde el oficialismo, se justifica la creación argumentando la necesidad de adecuar la provincia a normativas nacionales y tratados internacionales que exigen la existencia de mecanismos locales de prevención de la tortura, especialmente ante el alojamiento de presos federales en cárceles provinciales.
El proyecto será llevado al recinto este jueves, en una sesión que anticipa un duro debate político y económico sobre el control institucional del sistema penitenciario y el financiamiento de nuevas estructuras estatales en medio de un contexto de ajustes.
Te puede interesar también:
