POLITICA
24/06/2025
Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca y anuló fondo de $200.000 millones
Por José Manuel Ferrero
El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales tras las severas inundaciones de marzo de 2025. La decisión fue oficializada mediante el Decreto 424/2025, publicado esta madrugada en el Boletín Oficial, y refrendada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Con el veto, el Gobierno nacional dejó sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la asistencia y reconstrucción en los municipios afectados, generando preocupación entre los damnificados, quienes esperaban medidas concretas como alivios fiscales, suspensión de contratos y líneas de crédito blandas.
La ley, aprobada el 4 de junio por el Congreso, contemplaba la declaración de emergencia por 180 días, la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir impuestos, la priorización de recursos locales en obras públicas, y la implementación de beneficios a través del Banco Nación.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo argumentó que “las acciones ya emprendidas tornan innecesario un auxilio financiero como el propuesto”, en un contexto de “estrechez presupuestaria”. También objetó la falta de una fuente de financiamiento definida para el fondo.
Sin embargo, el texto no aclara si la emergencia ha sido superada ni detalla el estado actual de las obras de reparación. Tampoco responde al interrogante de por qué el Gobierno consideró viable destinar recursos anteriormente si ahora se esgrime la falta de financiamiento.
Se espera que en las próximas horas comiencen a conocerse las repercusiones políticas y sociales de la decisión presidencial, especialmente en las comunidades afectadas que aún reclaman respuestas concretas.
Con el veto, el Gobierno nacional dejó sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a la asistencia y reconstrucción en los municipios afectados, generando preocupación entre los damnificados, quienes esperaban medidas concretas como alivios fiscales, suspensión de contratos y líneas de crédito blandas.
La ley, aprobada el 4 de junio por el Congreso, contemplaba la declaración de emergencia por 180 días, la articulación con el Gobierno bonaerense para eximir impuestos, la priorización de recursos locales en obras públicas, y la implementación de beneficios a través del Banco Nación.
En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo argumentó que “las acciones ya emprendidas tornan innecesario un auxilio financiero como el propuesto”, en un contexto de “estrechez presupuestaria”. También objetó la falta de una fuente de financiamiento definida para el fondo.
Sin embargo, el texto no aclara si la emergencia ha sido superada ni detalla el estado actual de las obras de reparación. Tampoco responde al interrogante de por qué el Gobierno consideró viable destinar recursos anteriormente si ahora se esgrime la falta de financiamiento.
Se espera que en las próximas horas comiencen a conocerse las repercusiones políticas y sociales de la decisión presidencial, especialmente en las comunidades afectadas que aún reclaman respuestas concretas.
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