El martes 28 de octubre de 2025, unas 2.500 fuerzas policiales y militares iniciaron una operación registrada como la mayor de su tipo en Río de Janeiro, dirigida contra el Comando Vermelho en los complejos del Complexo do Alemão y de la Penha. Las cifras oficiales iniciales hablaban de 64 muertos, entre ellos cuatro policías, y 81 detenidos.

Sin embargo, medios locales y residentes del área reportan que el número real de fallecidos podría haber superado los 100, incluso llegando a 120 o más, según nuevos cuerpos hallados en zonas boscosas y no incluidos en los conteos oficiales.

Ante la magnitud del operativo, el presidente Lula convocó de urgencia a su gabinete para evaluar la situación de orden público, derechos humanos y el impacto en las comunidades afectadas. Por su parte, el embajador de Argentina en Brasil confirmó que “no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas”, despejando así dudas sobre posibles afectados extranjeros.

 

 

 

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como la propia población de las favelas implicadas, han expresado su alarma por lo que califican de “uso excesivo de la fuerza” y “posible masacre”. En un comunicado, se señaló que la operación “muestra mayores desafíos en materia de seguridad, justicia y respeto a la vida”.

El gobernador del estado de Río, Cláudio Castro, defendió la operación como un golpe necesario al narcotráfico organizado, argumentando que los agentes fueron objeto de “bombardeos de drones” y que la facción criminal opera como “narco-terrorismo”.

 

 

 

Analistas señalan que, más allá de su impacto inmediato, el operativo pone de relieve varias cuestiones estructurales: la militarización de la seguridad en zonas vulnerables, la eficacia de las actuaciones de protección ciudadana y el déficit de políticas de prevención social. Muchos se preguntan si tales acciones, con tan elevado costo humano, generan mejoras reales en la seguridad pública o simplemente agudizan el ciclo de violencia.

El episodio deja una profunda huella en la institucionalidad brasileña y abre un debate urgente sobre los límites de la actuación policial, los mecanismos de rendición de cuentas y la reparación a las comunidades afectadas.