POLITICA
17/09/2026
Escándalo en la Armada: investigan millonario fraude por casi mil millones de pesos
Por Jose Manuel Ferrero
Una auditoría interna llevada adelante por la Armada Argentina derivó en una denuncia penal ante la Justicia Federal que destapó un esquema de desvío de fondos públicos a través del circuito de liquidación de haberes. La maniobra, activa durante al menos tres años y medio, involucró 645 acreditaciones indebidas por un total de $981.148.567,88 destinados a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026.
No obstante, los investigadores estiman que el perjuicio total para el Estado podría trepar hasta los $1.600 millones, cifra que deberá ser ratificada en el transcurso del expediente judicial.
¿Cómo operaba el mecanismo de desvío?
El fraude se originó en un resquicio técnico del circuito administrativo de la fuerza, que procesa mensualmente los sueldos de más de 24.000 efectivos:
• Alteración manual: Las modificaciones ilícitas se realizaban de manera manual después de los controles ordinarios de liquidación y antes de que los archivos definitivos fueran enviados al Banco Nación.
• Manipulación de registros: Se inflaban montos o se incorporaban beneficiarios fantasmas. Posteriormente, ciertos valores eran restituidos a su estado original para que los recibos de sueldo oficiales no reflejaran el dinero sustraído.
• Detección interna: El caso salió a la luz en febrero de 2026, cuando una revisión de haberes detectó suplementos injustificados en el Departamento Revista. Tras la devolución inicial de esos montos, una auditoría profunda sobre cruces bancarios y recibos expuso la operatoria sistemática.
Los beneficiarios y el rol clave del Departamento Revista
De las 23 personas identificadas en la presentación judicial, cuatro no tenían ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada, y juntas concentraron 184 acreditaciones por $434.200.718,04 (el 44,25% del monto total documentado).
Los externos más beneficiados:
• María del Carmen Prieto: $152.259.495,86 (46 acreditaciones)
• Damián Andrés Santana: $99.496.225,47 (47 acreditaciones)
• Amalia Cristina Díaz: $91.978.048,38 (46 acreditaciones)
• Natalia Carolina Yahia: $90.466.948,33 (45 acreditaciones)
El dato más saliente de la causa es que María del Carmen Prieto es la esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista.
Tras comprobarse el vínculo, el oficial fue relevado preventivamente de su cargo. De acuerdo con la investigación administrativa, Atanasoff habría reconocido haber cargado manualmente los pagos y decidido de forma directa a los beneficiarios para favorecer a personas de su entorno.
Consecuencias institucionales y medidas adoptadas
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de Sebastián Ramos, impulsada formalmente por el Ministerio de Defensa —conducido por Carlos Presti— y presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio.
• Origen en la propia fuerza: La maniobra no se descubrió por filtraciones periodísticas, sino por la advertencia de una teniente contadora del área de liquidación que detectó las anomalías y se negó a participar.
• Reestructuración administrativa: Tras el hallazgo, la Armada modificó los circuitos internos para separar las funciones de liquidación, acreditación y conciliación, trasladando tareas clave a la Tesorería y asegurando los dispositivos informáticos con evidencia digital.
• Recuperación parcial: Hasta el momento, se lograron recuperar $42.574.267,63 mediante devoluciones voluntarias de algunos implicados, dejando un saldo pendiente de restitución superior a los $938 millones.
En un contexto donde el Gobierno nacional mantiene como eje central la reducción y el control estricto del gasto público, este caso golpea de lleno a la estructura militar, que ahora deberá afrontar el rigor de una investigación federal para determinar responsabilidades penales y esclarecer el destino final de los fondos sustraídos.
No obstante, los investigadores estiman que el perjuicio total para el Estado podría trepar hasta los $1.600 millones, cifra que deberá ser ratificada en el transcurso del expediente judicial.
¿Cómo operaba el mecanismo de desvío?
El fraude se originó en un resquicio técnico del circuito administrativo de la fuerza, que procesa mensualmente los sueldos de más de 24.000 efectivos:
• Alteración manual: Las modificaciones ilícitas se realizaban de manera manual después de los controles ordinarios de liquidación y antes de que los archivos definitivos fueran enviados al Banco Nación.
• Manipulación de registros: Se inflaban montos o se incorporaban beneficiarios fantasmas. Posteriormente, ciertos valores eran restituidos a su estado original para que los recibos de sueldo oficiales no reflejaran el dinero sustraído.
• Detección interna: El caso salió a la luz en febrero de 2026, cuando una revisión de haberes detectó suplementos injustificados en el Departamento Revista. Tras la devolución inicial de esos montos, una auditoría profunda sobre cruces bancarios y recibos expuso la operatoria sistemática.
Los beneficiarios y el rol clave del Departamento Revista
De las 23 personas identificadas en la presentación judicial, cuatro no tenían ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada, y juntas concentraron 184 acreditaciones por $434.200.718,04 (el 44,25% del monto total documentado).
Los externos más beneficiados:
• María del Carmen Prieto: $152.259.495,86 (46 acreditaciones)
• Damián Andrés Santana: $99.496.225,47 (47 acreditaciones)
• Amalia Cristina Díaz: $91.978.048,38 (46 acreditaciones)
• Natalia Carolina Yahia: $90.466.948,33 (45 acreditaciones)
El dato más saliente de la causa es que María del Carmen Prieto es la esposa del capitán de Navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista.
Tras comprobarse el vínculo, el oficial fue relevado preventivamente de su cargo. De acuerdo con la investigación administrativa, Atanasoff habría reconocido haber cargado manualmente los pagos y decidido de forma directa a los beneficiarios para favorecer a personas de su entorno.
Consecuencias institucionales y medidas adoptadas
La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 2, a cargo de Sebastián Ramos, impulsada formalmente por el Ministerio de Defensa —conducido por Carlos Presti— y presentada por el jefe de Administración Financiera de la Armada, el capitán de Navío contador Carlos Alberto Castro Maggio.
• Origen en la propia fuerza: La maniobra no se descubrió por filtraciones periodísticas, sino por la advertencia de una teniente contadora del área de liquidación que detectó las anomalías y se negó a participar.
• Reestructuración administrativa: Tras el hallazgo, la Armada modificó los circuitos internos para separar las funciones de liquidación, acreditación y conciliación, trasladando tareas clave a la Tesorería y asegurando los dispositivos informáticos con evidencia digital.
• Recuperación parcial: Hasta el momento, se lograron recuperar $42.574.267,63 mediante devoluciones voluntarias de algunos implicados, dejando un saldo pendiente de restitución superior a los $938 millones.
En un contexto donde el Gobierno nacional mantiene como eje central la reducción y el control estricto del gasto público, este caso golpea de lleno a la estructura militar, que ahora deberá afrontar el rigor de una investigación federal para determinar responsabilidades penales y esclarecer el destino final de los fondos sustraídos.
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