POLITICA
19/11/2025
El Tribunal de la causa Vialidad ordenó el decomiso de bienes de Cristina Kirchner
Por Jose Manuel Ferrero
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF), integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispuso ayer el decomiso de los bienes de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner —quien cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria— y de otros acusados en la causa Vialidad, según confirmaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas.
La medida se adoptó tras la ratificación de la sentencia dictada en diciembre de 2022 y alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o activos adquiridos durante la maniobra fraudulenta entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso, de $84.835 millones, fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, en función de criterios técnicos avalados por la Corte Suprema de Justicia. Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó la ejecución mediante la realización y venta de los activos.
Bienes alcanzados
• Propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto).
• Terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.
• Bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probado un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, con sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. Ese flujo de fondos públicos habría redundado en un crecimiento patrimonial ilícito compartido con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los planteos de las defensas sobre la falta de nexo causal, sobreseimientos previos y afectación de derechos de terceros. En su resolución, remarcaron que el decomiso no requiere trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos.
El tribunal citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconoce la recuperación de activos como principio fundamental, y advirtió que una interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
Próximos pasos
• Los bienes serán tasados y registrados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
• Se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia.
• Se instó a que los fondos recuperados se destinen a la reparación del daño social en Santa Cruz, provincia cuya infraestructura vial resultó gravemente afectada por obras inconclusas.
La medida se adoptó tras la ratificación de la sentencia dictada en diciembre de 2022 y alcanza a 122 inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como instrumentos o productos del delito, o activos adquiridos durante la maniobra fraudulenta entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
El monto original fijado en concepto de decomiso, de $84.835 millones, fue actualizado por peritos contadores a $684.990 millones, en función de criterios técnicos avalados por la Corte Suprema de Justicia. Ante el incumplimiento de los condenados, el tribunal ordenó la ejecución mediante la realización y venta de los activos.
Bienes alcanzados
• Propiedades de Lázaro Báez y de sociedades vinculadas a su grupo empresario (Austral Construcciones, Kank y Costilla, Loscalzo y Del Curto).
• Terrenos, hoteles y departamentos en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
• Un inmueble a nombre de Cristina Fernández de Kirchner.
• Bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
La sentencia consideró probado un circuito de beneficios indebidos derivados de la adjudicación irregular de obra pública en Santa Cruz, con sobreprecios, cartelización y falta de controles, en favor del empresario Báez. Ese flujo de fondos públicos habría redundado en un crecimiento patrimonial ilícito compartido con la familia Kirchner.
Los jueces rechazaron los planteos de las defensas sobre la falta de nexo causal, sobreseimientos previos y afectación de derechos de terceros. En su resolución, remarcaron que el decomiso no requiere trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos.
El tribunal citó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que reconoce la recuperación de activos como principio fundamental, y advirtió que una interpretación restrictiva del decomiso puede favorecer la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
Próximos pasos
• Los bienes serán tasados y registrados en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados.
• Se comunicará lo resuelto a la Corte Suprema para su eventual afectación al servicio de justicia.
• Se instó a que los fondos recuperados se destinen a la reparación del daño social en Santa Cruz, provincia cuya infraestructura vial resultó gravemente afectada por obras inconclusas.
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