POLITICA
08/05/2026
El SEP firmó la paritaria pero Salud denuncia un acuerdo «a espaldas de las bases»
Por Jose Manuel Ferrero
En una jornada de alta tensión gremial, el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) formalizó este jueves la aceptación de la propuesta salarial del Gobierno de Córdoba. La decisión, tomada en un plenario de delegados en la sede de calle Corro, establece un esquema de pagos fijos y actualizaciones por inflación hasta diciembre, siguiendo la línea del acuerdo firmado previamente por los docentes de la UEPC.
Sin embargo, lo que el oficialismo gremial presentó como un avance, fue recibido con fuertes cuestionamientos por otros sectores del escalafón estatal, abriendo una grieta en la representación de los trabajadores.
El acta firmada con la Provincia contempla un esquema de transición hacia la actualización automática:
• Sumas fijas: Los empleados recibirán $175.000 no remunerativos en abril y $235.000 en mayo.
• Cláusula gatillo: A partir de junio, los salarios se ajustarán mensualmente según el IPC de la Dirección General de Estadística y Censos provincial.
• Jubilados: Percibirán un incremento fijo de $46.000.
• Deudas con Bancor: Se anunció un Plan de Alivio Financiero para mayo, donde la Provincia intermediará para evitar que los descuentos bancarios afecten las Asignaciones Familiares y cuotas alimentarias.
Asimismo, el acuerdo incluye la aplicación de la Ley de Equipos de Salud, una demanda que llevaba tres años de espera y que impactará específicamente en los haberes del personal sanitario.
La reacción de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) no se hizo esperar y cargó con dureza contra la conducción de Sergio Castro. Para el gremio sanitario, el arreglo es insuficiente y carece de legitimidad democrática.
«El SEP hizo un arreglo irrisorio y sin consultar con los trabajadores. Decidieron sin haber realizado asambleas y sin que los trabajadores voten», dispararon desde UTS.
La principal crítica radica en el carácter no remunerativo de los bonos de abril y mayo, una maniobra que, según denuncian, busca evitar el impacto real en el bolsillo de los jubilados. Desde UTS sentenciaron que estos pactos «a espaldas de los trabajadores» solo profundizan la situación de pobreza del sector salud, manteniendo el estado de alerta pese al anuncio oficial del Gobierno.
Sin embargo, lo que el oficialismo gremial presentó como un avance, fue recibido con fuertes cuestionamientos por otros sectores del escalafón estatal, abriendo una grieta en la representación de los trabajadores.
El acta firmada con la Provincia contempla un esquema de transición hacia la actualización automática:
• Sumas fijas: Los empleados recibirán $175.000 no remunerativos en abril y $235.000 en mayo.
• Cláusula gatillo: A partir de junio, los salarios se ajustarán mensualmente según el IPC de la Dirección General de Estadística y Censos provincial.
• Jubilados: Percibirán un incremento fijo de $46.000.
• Deudas con Bancor: Se anunció un Plan de Alivio Financiero para mayo, donde la Provincia intermediará para evitar que los descuentos bancarios afecten las Asignaciones Familiares y cuotas alimentarias.
Asimismo, el acuerdo incluye la aplicación de la Ley de Equipos de Salud, una demanda que llevaba tres años de espera y que impactará específicamente en los haberes del personal sanitario.
La reacción de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) no se hizo esperar y cargó con dureza contra la conducción de Sergio Castro. Para el gremio sanitario, el arreglo es insuficiente y carece de legitimidad democrática.
«El SEP hizo un arreglo irrisorio y sin consultar con los trabajadores. Decidieron sin haber realizado asambleas y sin que los trabajadores voten», dispararon desde UTS.
La principal crítica radica en el carácter no remunerativo de los bonos de abril y mayo, una maniobra que, según denuncian, busca evitar el impacto real en el bolsillo de los jubilados. Desde UTS sentenciaron que estos pactos «a espaldas de los trabajadores» solo profundizan la situación de pobreza del sector salud, manteniendo el estado de alerta pese al anuncio oficial del Gobierno.
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