INTERES GENERAL
16/05/2025
El Gobierno impone nueva regulación a empresas de medicina prepaga para controlar aumentos
Por José Manuel Ferrero
En un intento por reforzar la fiscalización de los aumentos en los planes de medicina prepaga, el Gobierno nacional estableció un nuevo procedimiento para la comunicación de los ajustes tarifarios. La medida fue oficializada este viernes a través de la Resolución 645/2025 publicada en el Boletín Oficial.
Según la nueva normativa, las empresas del sector deberán informar previamente a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre cualquier aumento que planeen aplicar, antes de comunicarlo a sus afiliados. De este modo, el Ejecutivo busca ejercer un mayor control sobre los incrementos y evitar posibles excesos antes de que la información sea distribuida a los usuarios.
Este cambio responde a la disputa mantenida en 2024 entre el Gobierno y las empresas de medicina privada, cuando, pese a denuncias y acciones oficiales, los aumentos dispuestos por las compañías se mantuvieron sin modificaciones. Ahora, la normativa establece que la comunicación a la Superintendencia debe realizarse dentro del mismo plazo previsto para la notificación a los afiliados, y su cumplimiento será un requisito indispensable para validar la posterior comunicación a los usuarios.
“La implementación de este procedimiento busca fortalecer la capacidad de fiscalización del organismo y garantizar que tanto el Estado como los ciudadanos accedan simultáneamente a la informaciónâ€, detalla la resolución.
Con esta medida, el Gobierno refuerza su rol de supervisión en un mercado sensible y altamente regulado, procurando equilibrar los intereses empresariales con la protección de los consumidores. Resta por ver cómo responderán las empresas del sector y si esta regulación impactará efectivamente en la contención de aumentos.
Según la nueva normativa, las empresas del sector deberán informar previamente a la Superintendencia de Servicios de Salud sobre cualquier aumento que planeen aplicar, antes de comunicarlo a sus afiliados. De este modo, el Ejecutivo busca ejercer un mayor control sobre los incrementos y evitar posibles excesos antes de que la información sea distribuida a los usuarios.
Este cambio responde a la disputa mantenida en 2024 entre el Gobierno y las empresas de medicina privada, cuando, pese a denuncias y acciones oficiales, los aumentos dispuestos por las compañías se mantuvieron sin modificaciones. Ahora, la normativa establece que la comunicación a la Superintendencia debe realizarse dentro del mismo plazo previsto para la notificación a los afiliados, y su cumplimiento será un requisito indispensable para validar la posterior comunicación a los usuarios.
“La implementación de este procedimiento busca fortalecer la capacidad de fiscalización del organismo y garantizar que tanto el Estado como los ciudadanos accedan simultáneamente a la informaciónâ€, detalla la resolución.
Con esta medida, el Gobierno refuerza su rol de supervisión en un mercado sensible y altamente regulado, procurando equilibrar los intereses empresariales con la protección de los consumidores. Resta por ver cómo responderán las empresas del sector y si esta regulación impactará efectivamente en la contención de aumentos.
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