DEPORTES
24/02/2026
El fútbol argentino va al paro: AFA suspende la fecha en protesta contra el Gobierno
Por Jose Manuel Ferrero
En un movimiento sin precedentes que profundiza la fractura entre el deporte y el Estado, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión total de los partidos oficiales programados para el primer fin de semana de marzo. La medida, aprobada por unanimidad por el Comité Ejecutivo, surge como respuesta directa a las denuncias por presunta evasión impositiva impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El eje de la disputa es una denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) por presuntas irregularidades en el ingreso de retenciones y aportes previsionales. Lo que comenzó como una investigación por $11.700 millones escaló rápidamente a más de $19.300 millones tras las ampliaciones presentadas por el Gobierno.
Desde el organismo recaudador buscan aplicar la Ley 27.430, calificando el accionar de la AFA como "apropiación indebida de tributos". Para la dirigencia del fútbol, esto no es un procedimiento técnico de rutina, sino una intervención estatal agresiva que busca socavar la autonomía de las instituciones.
"Se está declarando una guerra contra el fútbol", afirmó de forma tajante el presidente de Vélez Sarsfield, subrayando que el paro refleja una fractura política que trasciende lo puramente deportivo.
La decisión de frenar la pelota tiene consecuencias inmediatas y severas en el ecosistema financiero del país. Al interrumpirse la agenda comercial de la liga, se ven afectados directamente los contratos televisivos y la generación de ingresos genuinos por venta de entradas y merchandising.
Para los clubes, que en su mayoría operan con márgenes financieros ajustados, esta inactividad genera una incertidumbre peligrosa frente a los sponsors e inversores. La presión fiscal y el foco en las retenciones no ingresadas han añadido un elemento de inseguridad jurídica que complica cualquier planificación financiera a corto plazo.
Detrás de las cifras y los juzgados, subyace una batalla ideológica de fondo. Sectores de la AFA interpretan estas auditorías como un intento del Ejecutivo por asfixiar el modelo tradicional de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.
El objetivo, según denuncian desde el predio de Ezeiza, sería forzar la transición hacia las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo de gestión privatizado que ha sido bandera del gobierno de Milei. Este conflicto coloca al fútbol en el centro del debate político nacional, donde la resistencia de los clubes choca frontalmente con la nueva rigurosidad fiscal del Estado.
El eje de la disputa es una denuncia penal de la Dirección General Impositiva (DGI) por presuntas irregularidades en el ingreso de retenciones y aportes previsionales. Lo que comenzó como una investigación por $11.700 millones escaló rápidamente a más de $19.300 millones tras las ampliaciones presentadas por el Gobierno.
Desde el organismo recaudador buscan aplicar la Ley 27.430, calificando el accionar de la AFA como "apropiación indebida de tributos". Para la dirigencia del fútbol, esto no es un procedimiento técnico de rutina, sino una intervención estatal agresiva que busca socavar la autonomía de las instituciones.
"Se está declarando una guerra contra el fútbol", afirmó de forma tajante el presidente de Vélez Sarsfield, subrayando que el paro refleja una fractura política que trasciende lo puramente deportivo.
La decisión de frenar la pelota tiene consecuencias inmediatas y severas en el ecosistema financiero del país. Al interrumpirse la agenda comercial de la liga, se ven afectados directamente los contratos televisivos y la generación de ingresos genuinos por venta de entradas y merchandising.
Para los clubes, que en su mayoría operan con márgenes financieros ajustados, esta inactividad genera una incertidumbre peligrosa frente a los sponsors e inversores. La presión fiscal y el foco en las retenciones no ingresadas han añadido un elemento de inseguridad jurídica que complica cualquier planificación financiera a corto plazo.
Detrás de las cifras y los juzgados, subyace una batalla ideológica de fondo. Sectores de la AFA interpretan estas auditorías como un intento del Ejecutivo por asfixiar el modelo tradicional de Asociaciones Civiles sin fines de lucro.
El objetivo, según denuncian desde el predio de Ezeiza, sería forzar la transición hacia las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), un modelo de gestión privatizado que ha sido bandera del gobierno de Milei. Este conflicto coloca al fútbol en el centro del debate político nacional, donde la resistencia de los clubes choca frontalmente con la nueva rigurosidad fiscal del Estado.
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