POLITICA
12/12/2025
Córdoba aprobó la creación de la Procuración Penitenciaria bajo una lluvia de críticas
Por Jose Manuel Ferrero
En una jornada cargada de máxima tensión política, la Legislatura de Córdoba aprobó este jueves la ley que crea la Procuración Penitenciaria Provincial. El organismo nace con la misión de supervisar y controlar de manera independiente las cárceles y alcaidías de la provincia, en un contexto donde el oficialismo reconoce una "emergencia" en el sistema.
El clima en el recinto se volvió hostil apenas comenzó el tratamiento del proyecto. La gran mayoría de los legisladores opositores decidió abandonar sus bancas como señal de protesta, dejando al oficialismo sin el acompañamiento del arco político tradicional. La votación pudo avanzar únicamente gracias a la presencia del libertario Agustín Spacessi, quien permaneció en su lugar y garantizó el quórum necesario para que el proyecto se convirtiera en ley.
La legisladora Nadia Fernández (HUXC), presidenta de la Comisión de Seguridad y principal defensora de la iniciativa, fundamentó la urgencia de la medida en la crisis que atraviesa el sector. “Es importante que la gente sepa que la provincia de Córdoba está en emergencia en relación al sistema penitenciario”, declaró, subrayando que con 17.000 personas detenidas, es vital contar con un órgano de control con respaldo constitucional.
Fernández también intentó calmar las aguas aclarando puntos sobre la estabilidad de los cargos:
• El Procurador tendrá un mandato de 5 años con una sola reelección.
• Se designarán cuatro procuradores adjuntos y dos secretarios.
• Aseguró que no habrá jubilaciones de privilegio para estos funcionarios.
A pesar de las aclaraciones, la oposición se retiró denunciando que la ley crea una "estructura millonaria" a medida del poder de turno. El punto más cuestionado es la equiparación salarial: el Procurador cobrará lo mismo que un vocal del Tribunal Superior de Justicia, lo que representa una remuneración mensual de entre 10 y 15 millones de pesos.
Además, los críticos señalaron que para acceder a estos puestos de alta jerarquía no se requiere concurso público, sino que basta con poseer el título de abogado, lo que alimenta las sospechas de designaciones por afinidad política.
Al salir del recinto, la legisladora radical Brenda Austin fue tajante en su rechazo: “Me parece una burla a los cordobeses, se hace de espaldas a la gente y con fines políticos”. Según Austin, el nuevo ente carece de mecanismos de control ciudadano adecuados y representa un gasto excesivo para las arcas públicas.
Con esta aprobación, la Procuración Penitenciaria comenzará a funcionar bajo la órbita del Poder Judicial, con el desafío de demostrar una "autonomía real" frente a un inicio marcado por el escándalo presupuestario.
El clima en el recinto se volvió hostil apenas comenzó el tratamiento del proyecto. La gran mayoría de los legisladores opositores decidió abandonar sus bancas como señal de protesta, dejando al oficialismo sin el acompañamiento del arco político tradicional. La votación pudo avanzar únicamente gracias a la presencia del libertario Agustín Spacessi, quien permaneció en su lugar y garantizó el quórum necesario para que el proyecto se convirtiera en ley.
La legisladora Nadia Fernández (HUXC), presidenta de la Comisión de Seguridad y principal defensora de la iniciativa, fundamentó la urgencia de la medida en la crisis que atraviesa el sector. “Es importante que la gente sepa que la provincia de Córdoba está en emergencia en relación al sistema penitenciario”, declaró, subrayando que con 17.000 personas detenidas, es vital contar con un órgano de control con respaldo constitucional.
Fernández también intentó calmar las aguas aclarando puntos sobre la estabilidad de los cargos:
• El Procurador tendrá un mandato de 5 años con una sola reelección.
• Se designarán cuatro procuradores adjuntos y dos secretarios.
• Aseguró que no habrá jubilaciones de privilegio para estos funcionarios.
A pesar de las aclaraciones, la oposición se retiró denunciando que la ley crea una "estructura millonaria" a medida del poder de turno. El punto más cuestionado es la equiparación salarial: el Procurador cobrará lo mismo que un vocal del Tribunal Superior de Justicia, lo que representa una remuneración mensual de entre 10 y 15 millones de pesos.
Además, los críticos señalaron que para acceder a estos puestos de alta jerarquía no se requiere concurso público, sino que basta con poseer el título de abogado, lo que alimenta las sospechas de designaciones por afinidad política.
Al salir del recinto, la legisladora radical Brenda Austin fue tajante en su rechazo: “Me parece una burla a los cordobeses, se hace de espaldas a la gente y con fines políticos”. Según Austin, el nuevo ente carece de mecanismos de control ciudadano adecuados y representa un gasto excesivo para las arcas públicas.
Con esta aprobación, la Procuración Penitenciaria comenzará a funcionar bajo la órbita del Poder Judicial, con el desafío de demostrar una "autonomía real" frente a un inicio marcado por el escándalo presupuestario.
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