La Amazonía volvió a estar en el centro del debate internacional tras la cumbre celebrada en Bogotá, donde mandatarios y delegados de los ocho países amazónicos discutieron el futuro de la selva. El balance dejó luces y sombras: mientras se anunció la creación de un mecanismo de cogobierno indígena dentro de la OTCA y un fondo de conservación forestal de cara a la COP30, no hubo acuerdos concretos sobre la reducción del uso de combustibles fósiles.

Este contraste no es menor. Por un lado, se reconoce —al menos en el plano institucional— el rol histórico de los pueblos indígenas como guardianes de la selva. Por otro, se posterga una de las discusiones centrales de la crisis climática: el costo de seguir dependiendo de la extracción petrolera y gasífera en territorios amazónicos.

La cumbre deja al descubierto una paradoja: la región quiere posicionarse como líder en la protección ambiental, pero al mismo tiempo sostiene modelos de desarrollo basados en la explotación de recursos naturales. Colombia y Perú presionaron por acelerar la transición energética, mientras Brasil y Venezuela priorizaron la rentabilidad de sus industrias extractivas. El resultado fue un punto medio que no resuelve la tensión de fondo.

Más allá de los comunicados, el desafío es político: ¿cómo reconciliar la necesidad de crecimiento económico con la urgencia de frenar la devastación ambiental? La respuesta aún no aparece clara. Lo cierto es que cada año que pasa, la Amazonía pierde miles de hectáreas de bosque y con ellas, su capacidad de regular el clima global.

La cumbre de Bogotá, en definitiva, refleja el pulso de una región atrapada entre el discurso verde y la realidad fósil. Los avances en gobernanza indígena son un paso importante, pero insuficiente frente a la magnitud del desafío climático que enfrenta el planeta.

 

 

 

Fuentes: Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) – Comunicado oficial de la cumbre 2025