POLITICA
26/08/2025
Adiós al Plan ENIA: el Gobierno elimina un programa que redujo a la mitad los embarazos adolescentes
Por Emma Garcia
El Gobierno nacional confirmó la eliminación del Plan ENIA (Embarazo No Intencional en la Adolescencia), una política pública emblemática que desde 2017 había logrado reducir en más del 50?% la tasa de embarazos adolescentes en Argentina. La decisión, que se oficializó a través del recorte de fondos y la baja de contratos, generó un amplio rechazo de sectores sanitarios, educativos y legislativos.
El Plan ENIA nació como una estrategia integral interministerial, combinando acciones de salud, educación y desarrollo social. Según datos oficiales, entre 2017 y 2023, el programa evitó casi 94.000 embarazos no planificados en adolescentes, incluyendo más de 2.500 en niñas menores de 15 años. Además, formó a más de 20.000 docentes y 23.000 profesionales de salud, brindó asesorías a más de 260.000 jóvenes y garantizó el acceso a anticoncepción gratuita a cerca de 250.000 adolescentes.
Más allá del impacto social, su efectividad también fue reconocida en términos económicos. Estudios de evaluación del Ministerio de Economía y organismos multilaterales indicaron que por cada dólar invertido, el Estado obtuvo 4,3 dólares de beneficio social. Entre 2018 y 2023, la rentabilidad estimada del plan alcanzó los 165 millones de dólares.
Sin embargo, en línea con la política de ajuste del Ejecutivo, el presupuesto para 2025 sufrió una poda de más del 70?%, lo que paralizó la estructura operativa del programa: oficinas cerradas, equipos disueltos, asesorías canceladas y distribución irregular de insumos. Muchas provincias, sin respaldo nacional, no pudieron sostener los dispositivos de atención.
La noticia provocó duras críticas de organizaciones de salud sexual, especialistas en adolescencia y referentes legislativos. En paralelo, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para declarar al Plan ENIA como política pública nacional permanente, garantizando su continuidad y financiamiento.
“Eliminar un programa que no solo cuidaba derechos sino que también generaba ahorro público, es una decisión difícil de comprender desde cualquier lógica de gestión eficiente”, expresó Ana María Aróstegui, médica pediatra y excoordinadora del ENIA en el NOA.
Mientras tanto, en distintas provincias ya se registran señales de retroceso: adolescentes sin turnos disponibles, interrupciones en la entrega de métodos anticonceptivos y aumento en las consultas por embarazos no planificados.
La pregunta que queda flotando es clara: ¿puede el país permitirse prescindir de una política pública con resultados probados, en un contexto social de alta vulnerabilidad juvenil?
El Plan ENIA nació como una estrategia integral interministerial, combinando acciones de salud, educación y desarrollo social. Según datos oficiales, entre 2017 y 2023, el programa evitó casi 94.000 embarazos no planificados en adolescentes, incluyendo más de 2.500 en niñas menores de 15 años. Además, formó a más de 20.000 docentes y 23.000 profesionales de salud, brindó asesorías a más de 260.000 jóvenes y garantizó el acceso a anticoncepción gratuita a cerca de 250.000 adolescentes.
Más allá del impacto social, su efectividad también fue reconocida en términos económicos. Estudios de evaluación del Ministerio de Economía y organismos multilaterales indicaron que por cada dólar invertido, el Estado obtuvo 4,3 dólares de beneficio social. Entre 2018 y 2023, la rentabilidad estimada del plan alcanzó los 165 millones de dólares.
Sin embargo, en línea con la política de ajuste del Ejecutivo, el presupuesto para 2025 sufrió una poda de más del 70?%, lo que paralizó la estructura operativa del programa: oficinas cerradas, equipos disueltos, asesorías canceladas y distribución irregular de insumos. Muchas provincias, sin respaldo nacional, no pudieron sostener los dispositivos de atención.
La noticia provocó duras críticas de organizaciones de salud sexual, especialistas en adolescencia y referentes legislativos. En paralelo, se presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para declarar al Plan ENIA como política pública nacional permanente, garantizando su continuidad y financiamiento.
“Eliminar un programa que no solo cuidaba derechos sino que también generaba ahorro público, es una decisión difícil de comprender desde cualquier lógica de gestión eficiente”, expresó Ana María Aróstegui, médica pediatra y excoordinadora del ENIA en el NOA.
Mientras tanto, en distintas provincias ya se registran señales de retroceso: adolescentes sin turnos disponibles, interrupciones en la entrega de métodos anticonceptivos y aumento en las consultas por embarazos no planificados.
La pregunta que queda flotando es clara: ¿puede el país permitirse prescindir de una política pública con resultados probados, en un contexto social de alta vulnerabilidad juvenil?
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