INTERES GENERAL
16/11/2023
El Gobierno indemniza a las víctimas de la voladura de Río Tercero
Por José Manuel Ferrero


El Gobierno nacional anunció que actualizará el monto de las indemnizaciones para unas diez mil víctimas de la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, ocurrida hace 28 años, mediante un decreto que se publicará mañana en el Boletín Oficial.
La medida responde a un reclamo histórico de los habitantes de la ciudad cordobesa, que sufrieron las consecuencias de una serie de explosiones intencionales que causaron la muerte de siete personas, más de 300 heridos y graves daños materiales y psicológicos.
«Es la respuesta a un reclamo histórico de Río Tercero y termina con 25 años de vergüenza», aseguró el ministro de Economía, Sergio Massa, quien firmó el decreto junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El decreto 595 vehiculiza el cumplimiento de una ley sancionada en 2015, pero que no había sido reglamentada por el gobierno anterior. La ley establecía el pago por vía administrativa de resarcimientos económicos a los riotercerenses que hubieran iniciado acciones legales contra el Estado nacional y que no tuvieran sentencia firme. Las indemnizaciones tendrían lugar como resarcimiento para quienes renunciaran a las acciones legales.
Los montos actualizados son los siguientes: fallecimiento, 1.000 módulos; lesiones gravísimas, 700 módulos; lesiones graves, 600 módulos; daño moral, 100 módulos; daño material, 95 módulos. Cada módulo equivale al valor de un litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires.
La voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero fue el resultado de un plan criminal para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, realizado entre 1991 y 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. En 2014, la justicia condenó a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas.
La medida responde a un reclamo histórico de los habitantes de la ciudad cordobesa, que sufrieron las consecuencias de una serie de explosiones intencionales que causaron la muerte de siete personas, más de 300 heridos y graves daños materiales y psicológicos.
«Es la respuesta a un reclamo histórico de Río Tercero y termina con 25 años de vergüenza», aseguró el ministro de Economía, Sergio Massa, quien firmó el decreto junto al presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
El decreto 595 vehiculiza el cumplimiento de una ley sancionada en 2015, pero que no había sido reglamentada por el gobierno anterior. La ley establecía el pago por vía administrativa de resarcimientos económicos a los riotercerenses que hubieran iniciado acciones legales contra el Estado nacional y que no tuvieran sentencia firme. Las indemnizaciones tendrían lugar como resarcimiento para quienes renunciaran a las acciones legales.
Los montos actualizados son los siguientes: fallecimiento, 1.000 módulos; lesiones gravísimas, 700 módulos; lesiones graves, 600 módulos; daño moral, 100 módulos; daño material, 95 módulos. Cada módulo equivale al valor de un litro de nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires.
La voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero fue el resultado de un plan criminal para encubrir el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, realizado entre 1991 y 1995 durante el gobierno de Carlos Menem. En 2014, la justicia condenó a cuatro exfuncionarios de la empresa estatal Fabricaciones Militares por el delito de estrago doloso agravado por la muerte de personas.