POLITICA
13/11/2023
Denuncian a tres funcionarios de Villa Carlos Paz por violencia laboral y de género
Por José Manuel Ferrero
El Poder Judicial de Córdoba dictó una medida cautelar que prohíbe a tres funcionarios del municipio de Villa Carlos Paz comunicarse o intimidar a una ex trabajadora municipal que los denunció por violencia laboral y de género. Se trata del encargado de Vía Pública, Carlos Ceballos, el director de Recursos Humanos, Roberto Buzzurro, y el actual prosecretario legislativo, Roberto Giménez.
La denunciante, Lucila Reñícoli, trabajó durante 15 años en el área de Vía Pública y fue despedida en marzo de este año sin causa. Según su relato, sufrió hostigamiento, maltrato y discriminación por parte de sus superiores, quienes la sometieron a situaciones de violencia psicológica, física y sexual.
Reñícoli presentó la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz y solicitó una orden de restricción de acercamiento para proteger su integridad. La medida fue otorgada por el Juzgado de Control de la misma ciudad a fines de octubre y tiene una duración de seis meses.
La ex trabajadora municipal también reclamó la intervención del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios denunciados y se evalúe el cumplimiento de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Sin embargo, el pedido fue rechazado por el oficialismo, que tiene mayoría en el Concejo. El bloque Juntos por Carlos Paz, que impulsó la convocatoria, denunció que hay una intención de encubrir a los funcionarios involucrados y que el intendente Daniel Avilés cierra filas para protegerlos.
La violencia laboral y de género es una problemática que afecta a miles de mujeres y personas LGTBI+ en el ámbito laboral, tanto público como privado. Según el informe del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, el 11,7% de las llamadas recibidas por la Línea 144 durante el período 2017-2018 correspondieron a situaciones de violencia laboral. Además, el 80% de las personas que sufrieron violencia laboral fueron mujeres y el 87% de los agresores fueron varones.
Para prevenir y erradicar esta forma de violencia, el gobierno nacional aprobó en octubre de 2021 un protocolo marco para el abordaje de las violencias por motivos de género en el sector público nacional, que se basa en los principios del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El protocolo establece los procedimientos para la recepción, investigación y sanción de las denuncias, así como las medidas de protección y acompañamiento para las víctimas.
La denunciante, Lucila Reñícoli, trabajó durante 15 años en el área de Vía Pública y fue despedida en marzo de este año sin causa. Según su relato, sufrió hostigamiento, maltrato y discriminación por parte de sus superiores, quienes la sometieron a situaciones de violencia psicológica, física y sexual.
Reñícoli presentó la denuncia ante la Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz y solicitó una orden de restricción de acercamiento para proteger su integridad. La medida fue otorgada por el Juzgado de Control de la misma ciudad a fines de octubre y tiene una duración de seis meses.
La ex trabajadora municipal también reclamó la intervención del Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz para que se investigue la responsabilidad de los funcionarios denunciados y se evalúe el cumplimiento de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado.
Sin embargo, el pedido fue rechazado por el oficialismo, que tiene mayoría en el Concejo. El bloque Juntos por Carlos Paz, que impulsó la convocatoria, denunció que hay una intención de encubrir a los funcionarios involucrados y que el intendente Daniel Avilés cierra filas para protegerlos.
La violencia laboral y de género es una problemática que afecta a miles de mujeres y personas LGTBI+ en el ámbito laboral, tanto público como privado. Según el informe del Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, el 11,7% de las llamadas recibidas por la Línea 144 durante el período 2017-2018 correspondieron a situaciones de violencia laboral. Además, el 80% de las personas que sufrieron violencia laboral fueron mujeres y el 87% de los agresores fueron varones.
Para prevenir y erradicar esta forma de violencia, el gobierno nacional aprobó en octubre de 2021 un protocolo marco para el abordaje de las violencias por motivos de género en el sector público nacional, que se basa en los principios del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El protocolo establece los procedimientos para la recepción, investigación y sanción de las denuncias, así como las medidas de protección y acompañamiento para las víctimas.
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